En un insólito caso que ha conmocionado a la región del Bío Bío, dos abogados de la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones (SeremiTT) han estado defendiendo durante más de cinco meses a Sandra Vallejos Robles, la enfermera acusada del atropello que costó la vida a Martín González Stuardo, un joven de 18 años. El fatal incidente ocurrió el 6 de noviembre de 2023 en la avenida 8 Oriente de Chiguayante, donde la imputada, al parecer, conducía a más de 130 km/h en una zona de 70 km/h.
Desde el inicio del proceso, los abogados, Boris Merino Lavanchy y Harold Bahamondes Llano, actuaron como defensores a pesar de sus funciones en el Ministerio, lo que ha generado suspicacias sobre un posible conflicto de interés. La madre del joven fallecido, Luisa Natalia Stuardo, ha luchado fervientemente por justicia, creando la Corporación Martín por la Vida, que busca ayudar a otras familias afectadas por incidentes viales.
Luego de una audiencia donde intervinieron los abogados, estos presentaron su renuncia a la defensa tras la denuncia de la madre de la víctima sobre su status como empleados públicos. La Ley Toreto, que castiga con hasta 10 años de cárcel a quienes causen muertes al conducir a excesiva velocidad, se aplica en este caso, ya que Sandra está formalizada por obstrucción a la investigación y por el atropello fatal.
Los informes técnicos sobre la velocidad de conducción han variado, con la defensa argumentando que Vallejos circulaba a unos 90 km/h, mientras que un peritaje encargado por la familia confirma que la velocidad superó los 130 km/h. En medio de esta batalla judicial, la madre de Martín ha manifestado que su hijo no murió por su error al cruzar la calle, sino por la irresponsabilidad de quien lo atropelló.
Con el proceso todavía en curso, Vallejos se encuentra bajo medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual. Este martes, el joven Martín hubiera cumplido 20 años.
