La contralora general de la República, Dorothy Pérez, compareció este lunes ante la comisión investigadora del caso de la fallida compraventa de la casa del fallecido Presidente Salvador Allende. Durante su intervención, Pérez descartó que el decreto 38 de 2024, que autoriza la compra, infrinja disposiciones legales o constitucionales.
Según la contralora, el decreto en cuestión es únicamente una autorización para una futura adquisición, y no hay un contrato formalizado hasta el momento de su ingreso. “El proceso de adquirir un bien raíz implica siempre dos actos administrativos; el primero es el decreto de autorización, y el segundo, un decreto posterior que aprueba la escritura pública de compraventa”, explicó Pérez. Hasta ahora, no se ha emitido el segundo decreto, por lo que el primero no contraviene ninguna norma legal.
La sesión estuvo marcada por la ausencia de varios asistentes clave, incluida Isabel Allende y Maya Fernández, lo que provocó el malestar de los diputados de derecha. El diputado Andrés Longton (RN) criticó esta falta de comparecencias, sugiriendo que da la impresión de ocultar información. Longton cuestionó directamente al Presidente Gabriel Boric, insinuando que la compraventa era una “obsesión” suya.
Además, se abordó la acusación constitucional contra la exministra de Defensa, Maya Fernández, cuyas respuestas se esperan pronto. El diputado socialista Raúl Leiva defendió la postura de la Contraloría, indicando que no existe un vicio constitucional puesto que el contrato nunca se perfeccionó.
