En un nuevo escándalo que sacude la Región de Valparaíso, la Gendarmería ha iniciado un sumario administrativo contra una funcionaria del Centro Penitenciario local, acusada de mantener conversaciones indebidas con reclusos a través de teléfonos. Este asunto ha llevado a diputados, incluyendo a Camila Flores y Jorge Brito, a oficinar al Ministerio de Justicia y solicitar la intervención de la Contraloría para esclarecer los hechos.
Las conversaciones sospechosas fueron descubiertas de manera fortuita por terceros, pero no obstante, la funcionaria implicada no ha sido removida de su puesto, aunque se encuentra en medio de una investigación en curso. Se estima que desempeña un rol como asistente del jefe de la unidad penal, lo que le confería acceso a información sensible, aunque Gendarmería no ha confirmado ni desmentido este punto.
La petición de estos parlamentarios para que organismos externos asuman la investigación resalta la creciente preocupación en torno a la transparencia y la ética dentro del sistema penitenciario. Con el alza de los crímenes y la crítica constante hacia la administración actual, esta situación no podría llegar en un peor momento para el Ministerio de Justicia.
