En un nuevo capítulo del drama político en Chile, el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, ha decidido enviar una copia de la investigación relacionada con un presunto tráfico de influencias que involucra a la diputada Karol Cariola y a la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, al Consejo de Defensa del Estado (CDE). Esta acción sugiere que las cosas podrían ponerse bastante serias para las implicadas.
Si se confirma la tipificación del delito, el CDE evalúa presentar una querella, lo que podría significar más problemas para estas figuras políticas. El escándalo, que ya tiene a muchos chilenos con la ceja levantada, se ha intensificado tras la filtración de mensajes entre Cariola y Hassler, lo que ha derivado en otra investigación a cargo de la fiscal regional de Valparaíso.
Por si esto fuera poco, la defensa de Hassler se ha apresurado a presentar una querella por violación de secreto de funcionario público, aunque sin especficar nombres, lo que añade un giro interesante a la narrativa. Sin embargo, han apuntado al alcalde de Santiago y al propio fiscal Cooper, creando un ambiente de tensión y hostilidad en la política local.
Las reacciones no se han hecho esperar. Mientras algunos ven esto como un nuevo intento de la oposición por desestabilizar a la izquierda, otros consideran que es un reflejo de la precariedad moral de algunos de sus líderes. En un país donde las promesas de transparencia y ética parecen batirse en retirada, esta situación plantea más preguntas que respuestas.
