La detención del alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, ha propiciado una profunda crisis política en Turquía. Desde que se conoció la noticia, las protestas han brotado en diversas ciudades, con miles de ciudadanos exigiendo su liberación. Imamoglu, quien se ha convertido en el principal rival del presidente Recep Tayyip Erdogan, enfrenta acusaciones de corrupción y supuesta colaboración con el terrorismo, cargos que él niega de manera contundente.
La popularidad de Imamoglu se basa principalmente en su capacidad para desafiar el control político del actual Gobierno. La reacción no se ha hecho esperar, y mientras los opositores acusan al Ejecutivo de Erdogan de utilizar el aparato judicial como herramienta para eliminar a su competidor más fuerte, cada vez son más los ciudadanos que se lanzan a las calles en señal de descontento.
A pesar de la creciente agitación social, la respuesta internacional ha sido escasa. Los aliados occidentales han mantenido un perfil bajo, quizás para no incomodar a Erdogan, quien parece beneficiarse de su posición geopolítica y utilizarla para reforzar su agenda autoritaria.
Este episodio, que pone en entredicho la salud democrática de Turquía, también tiene repercusiones económicas significativas. La incertidumbre política alimenta la inquietud en los mercados y ciudadanos, quienes ya enfrentan dificultades económicas. De este modo, la situación de Imamoglu puede ser solo la punta del iceberg en una crisis más amplia que amenaza la estabilidad del país.
