La administración Trump tiene planes de revocar el estatus legal temporal de 530 mil migrantes cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos en Estados Unidos. Esta medida, que se pondrá en marcha el 24 de abril, representa un giro radical en la política migratoria, acortando el periodo de protección que se había extendido durante el mandato del ex presidente Joe Biden.
Se trata de migrantes que podían entrar al país de forma legal mediante patrocinadores estadounidenses. Sin embargo, la mano dura de Trump parece no tener límites, ni siquiera tras la llegada de su amigo Elon Musk, cuyas preocupaciones sobre los ataques a sus vehículos eléctricos no han pasado desapercibidas. En un comentario en Truth Social, Trump se atreve a sugerir enviar a prisión a quienes agredan a Tesla, proponiendo que las cárceles salvadoreñas podrían ser una opción viable.
Mientras tanto, el gobierno venezolano se defiende ante acusaciones de que migrantes repatriados desde EE.UU. están relacionados con bandas criminales. Diosdado Cabello, ministro del Interior, afirmó que solo 16 de los regresados tenían problemas legales, descalificando cualquier vinculación con el temido Tren de Aragua.
En un giro aún más controvertido, el Departamento de Seguridad Nacional eliminó agencias que defendían los derechos de los migrantes, calificándolas de obstáculos para la aplicación de la ley. Esta decisión afecta a unas 300 personas que trabajaban en la Oficina de Derechos Civiles y otras entidades que vigilaban las condiciones del tratamiento de migrantes.
La ironía en esta situación es palpable. Mientras Trump se apresta a hacer limpieza en el ámbito migratorio, se disparan las alarmas sobre cómo se manejará la crítica y la fiscalización de tales medidas. En un país donde la migración es un tema tan polarizante, estas decisiones generan repercusiones que van más allá de las fronteras estadounidenses.
