Por. Claudia Molina B.
La imparcialidad es un principio fundamental en cualquier sistema de justicia, y su preservación es crucial para mantener la confianza pública en las instituciones judiciales. En el contexto chileno, la reciente decisión de la jueza Andrea Díaz-Muñoz de dejar al abogado Luis Hermosilla bajo arresto domiciliario, revocando la prisión preventiva, abre un debate sobre la aplicación de este principio en casos de alta relevancia social y mediática.
En primer lugar, es esencial recordar que la imparcialidad no sólo se refiere a la ausencia de prejuicios, sino también a la apariencia de justicia ante los ojos de la sociedad. La decisión de la jueza, aunque fundamentada en consideraciones legales, puede generar percepciones de favoritismo, especialmente dado el perfil del acusado, un abogado reconocido y de alto estatus. Este tipo de decisiones, en el Chile actual, alimenta la percepción de que el sistema judicial está más inclinado a proteger a individuos con recursos y redes influyentes, en detrimento de la equidad que se espera en la administración de la justicia.
Además, la evaluación de si un acusado es o no un “peligro para la sociedad” puede ser subjetiva y depende de numerosos factores. La decisión de la jueza puede interpretarse como una minimización de la gravedad de las acusaciones que enfrenta Hermosilla, lo que dar lugar a cuestionamientos sobre la rigidez de los criterios utilizados para valorar el riesgo que representa. La justicia debe ser capaz de garantizar la seguridad pública y, al mismo tiempo, respetar los derechos del acusado, pero el criterio de “peligro” necesita una interpretación que sea ampliamente aceptada y que no genere dudas sobre la integridad del fallo.
Es crucial que el sistema de justicia chileno adopte medidas que refuercen la transparencia y la rendición de cuentas. La publicación de los fundamentos de decisiones judiciales, así como el escrutinio público de ciertos casos, son pasos necesarios para fortalecer la legitimidad de las resoluciones. De igual forma, la capacitación continua de los jueces en temas de ética y responsabilidad también es vital para asegurar que se mantenga un equilibrio adecuado entre los derechos de los imputados y la protección de la sociedad.
En conclusión, aunque la jueza Andrea Díaz-Muñoz puede haber actuado dentro del marco legal al tomar su decisión, la imputabilidad de la justicia se encuentra en la percepción pública de que dicha decisión es justa y equitativa. La atención en casos como el de Luis Hermosilla resalta la necesidad de que las autoridades judiciales sean diligentes en sus prácticas y se esfuercen por preservar la integridad de la justicia en todos los niveles, sin excepciones. Solo así se podrá mantener la fe del ciudadano en un sistema que promete justicia para todos, sin importar su posición social o económica.
