El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, salió al paso de las críticas tras la reciente publicación de un informe por parte de la Contraloría General de la República, que detectó fallas en los sistemas de bloqueo de señales telefónicas en las cárceles chilenas. A pesar de estas irregularidades, el ministro afirmó que los inhibidores están funcionando correctamente y cuestionó la filtración del documento.
Gajardo, en declaraciones a Radio Duna, mencionó que la Gendarmería había presentado una querella debido a la filtración, que calificó de “razones políticas”. Según él, este informe ha sido utilizado para desvirtuar la efectividad del sistema, que, de acuerdo al ministro, fue implementado por el actual gobierno. “Antes de este gobierno no había inhibición de teléfono celular en las cárceles, y este gobierno lo logró implementar, no otro, no otras autoridades”, enfatizó.
El contralor había señalado en su informe las irregularidades que podrían comprometer la seguridad y eficiencia de los operativos dentro de los recintos penitenciarios. A pesar de ello, Gajardo remarcó el valor que estos sistemas tienen para las investigaciones criminales en curso, advirtiendo que, al filtrar información negativa, se hace un daño considerable al país.
Este asunto no solo resalta las tensiones entre el gobierno y órganos de control, sino que también plantea interrogantes sobre la transparencia y efectividad de las medidas implementadas en el ámbito penitenciario.
