El Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) se ha convertido en un símbolo de la controvertida “guerra” contra las pandillas en El Salvador, promovida fervientemente por el presidente Nayib Bukele. A pesar de ser inaugurado con pompa, este megacarcel se enfrenta a una creciente ola de críticas por la falta de transparencia en cuanto a sus condiciones y el tratamiento de los reclusos.
Ubicado en Tecoluca, el Cecot cuenta con la capacidad de albergar a 40.000 personas. Sin embargo, en sus instalaciones cohabitan cientos de migrantes deportados, en su mayoría venezolanos, acusados de tener lazos con el temido Tren de Aragua. Este nuevo giro en la narrativa de la seguridad en El Salvador plantea serias interrogantes sobre la responsabilidad del Estado frente a estos deportados.
A pesar de la presencia de líderes de las pandillas MS13 y Barrio 18, a quienes se trasladó allí para liberar espacio en otras cárceles, el Cecot ha logrado mantener un silencio sobre su funcionamiento interno. Las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos en otras cárceles del país son ancladas en la sombra, ya que el aislamiento total de esta prisión ha hecho que los observadores internacionales sean incapaces de verificar las condiciones de vida de los reclusos.
La falta de información no solo exacerba la preocupación sobre el bienestar de los migrantes, sino que también plantea preguntas sobre el futuro legal de El Salvador en cuanto a su política de deportaciones. Aunque no se han reportado incidentes de muertes en el Cecot, la falta de datos precisos sugiere un ambiente de opacidad que podría traer consecuencias serias para la administración salvadoreña.
