La reciente declaración del Fiscal Nacional, Ángel Valencia, sobre las filtraciones de información en investigaciones ha suscitado un debate importante sobre la responsabilidad y la ética en el ejercicio de la función pública. Al atribuir el problema a una cuestión estructural, Valencia parece eludir una parte fundamental de la discusión: la ética profesional de quienes manejan información sensible.
Si bien es cierto que los sistemas y estructuras pueden tener fallas que facilitan las filtraciones, reducir el problema a esta dimensión ignora la responsabilidad individual de los funcionarios involucrados. La ética profesional no es un aspecto secundario; es el cimiento sobre el cual se construye la confianza en las instituciones. Cuando se filtra información, no solo se vulnera la privacidad de los involucrados, sino que también se socava la integridad del sistema judicial y se pone en riesgo la justicia.
Además, al no abordar la ética en su análisis, Valencia parece minimizar la gravedad de las filtraciones y su impacto en la percepción pública de la justicia. La falta de mención a la ética profesional puede dar la impresión de que las acciones de los individuos no son relevantes en el contexto de un problema estructural, lo cual es un enfoque peligroso. La ética debe ser un componente central en cualquier discusión sobre la administración de justicia y la protección de la información.
En lugar de simplemente señalar fallas estructurales, es crucial que las autoridades también promuevan una cultura de responsabilidad y ética en el manejo de información. Esto incluye establecer protocolos claros y sanciones para quienes violen la confianza pública. Solo así se podrá abordar de manera efectiva el problema de las filtraciones y restaurar la confianza en las instituciones que deben velar por la justicia y la transparencia.
