Un informe de la Contraloría General de la República ha puesto en jaque la administración financiera del Ejército de Chile, revelando la alarmante cifra de 7.342 deudores por pagos excesivos de remuneraciones que suman 7.185 millones de pesos. De esta ingente suma, sorprendentemente, 4.530 no han pagado.
Las irregularidades van más allá de simples números. La investigación, que data del 5 de septiembre de 2024, expone una gestión deficiente en los reintegros, destacando casos de deudores fallecidos que aún figuran como tales, y funcionarios que intentaron saldar sus deudas, pero el Ejército no procedió a cobrarlas.
La Contraloría ha identificado también potenciales conflictos de interés en la gestión financiera y la ausencia de registros contables que alcanzan los 2.312 millones de pesos. Adicionalmente, se notificó sobre descuentos automáticos realizados sin la debida autorización.
Este escándalo ha llevado a la Contraloría a iniciar un procedimiento disciplinario y exigir un plan de regularización en 60 días hábiles. Mientras tanto, el Ejército asegura que está trabajando para corregir las deficiencias señaladas en su informe.
Notoriamente, no se han encontrado situaciones similares en la Armada ni en la Fuerza Aérea de Chile, lo que agudiza la percepción de un problema sistemático dentro de la institución terrestre.
