En una reciente entrevista para ADN Hoy, el fiscal nacional Ángel Valencia abordó un tema candente que preocupa a la sociedad: las filtraciones de detalles de investigaciones en curso. En particular, se refirió a la problemática que gira en torno a la frustrada compraventa de la Clínica Sierra Bella y la divulgación de los chats entre la diputada Carol Cariola y la exalcaldesa Irací Hassler.
Valencia expone que, si bien no se filtran todos los antecedentes, hay un problema estructural que se origina en un diseño legal defectuoso que la Fiscalía ha tenido que soportar por años. Resaltó que esta situación obliga a la Fiscalía a entregar copias de investigaciones a cualquier persona que se integre al caso, lo que se complica aún más al no existir sanciones adecuadas para quienes difunden esta información.
Además, el fiscal destacó que se han implementado medidas, como inversiones en tecnología y cambios en los criterios de reserva de antecedentes, para mitigar esta situación. Sin embargo, criticó la legislación actual que impide regular quiénes pueden presentar querellas en causas con relevancia política y proponer restricciones a los antecedentes que se entregan.
“La ley tiene sanciones muy débiles e incluso, a veces, ni siquiera establece sanciones para quienes entregan esas copias a la prensa”, argumentó Valencia, enfatizando que la responsabilidad de la filtración no puede recaer únicamente sobre la Fiscalía.
La preocupación de Valencia no es solo por los efectos en las investigaciones, sino también por la confiabilidad de la Fiscalía en la opinión pública. La necesidad de reformas legales se vuelve imperativa para evitar futuros desajustes que perjudiquen la labor de esta institución y la confianza de los ciudadanos en el sistema judicial.
