En un giro inesperado de los acontecimientos, un juez federal ha establecido una prohibición que impide al gobierno de Donald Trump ejecutar deportaciones bajo la antigua ley de enemigos extranjeros de 1798. Esta medida fue solicitada por Trump apenas unas horas antes, al denominar a la banda venezolana Tren de Aragua como una amenaza que invade Estados Unidos. En una audiencia llevada a cabo por el juez James E. Boasberg, se argumentó que el gobierno estaba procediendo con deportaciones hacia El Salvador y Honduras sin esperar la resolución del tribunal.
La aplicabilidad de esta controvertida ley ha sido cuestionada, dado que solo se ha utilizado durante tiempos de guerra, siendo su implementación más reciente durante la Segunda Guerra Mundial para el internamiento de ciudadanos de origen japonés, alemán e italiano. Trump, en su intento por acelerar las deportaciones masivas, sostiene que la situación actual con el Tren de Aragua ha llegado a un punto crítico, formando un estado criminal que representa un peligro para la seguridad nacional.
El juez Boasberg no dudó en frenar las deportaciones, diciendo que un simple retraso no perjudica al gobierno mientras que los indocumentados continúan bajo custodia. Esta decisión surge en medio de una polémica que incluye un acuerdo para que el gobierno estadounidense pague a El Salvador $6 millones por el encarcelamiento de 300 presuntos miembros del Tren de Aragua.
Además, la administración Trump está preparando una nueva prohibición de viajes para ciudadanos de 43 naciones, extendiendo las restricciones a varios países, algunos de los cuales ya habían sido objeto de prohibiciones en el pasado. Mientras tanto, el vicepresidente JD Vance ha admitido que su asesor presidencial Elon Musk ha cometido errores en la gestión gubernamental, destacando la necesidad de correcciones rápidas en la administración pública.
