El gobierno peruano ha tomado la drástica decisión de declarar el estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao, facultando el despliegue de las Fuerzas Armadas para apoyar a la Policía Nacional. Este anuncio fue realizado por el primer ministro, Gustavo Adrianzén, en un contexto de creciente violencia criminal que ha cobrado la vida de personalidades del entretenimiento, como el reciente asesinato del cantante de cumbia Paul Flores, del popular grupo Armonía 10.
Flores fue víctima de un ataque a balazos perpetrado por sicarios en moto mientras su orquesta se trasladaba tras un concierto en el distrito de San Juan de Lurigancho. Este asesinato ha generado una ola de indignación, especialmente porque Armonía 10 y otros grupos han estado bajo amenaza constante de bandas criminales que exigen pagos de cupos exorbitantes para poder actuar. La delincuencia en Perú está atravesando un periodo crítico, con más de 400 homicidios reportados en los primeros meses del año, lo cual ha llevado a la administración de Dina Boluarte a tomar medidas extremas.
Adrianzén aseguró que este ‘repudiable crimen no quedará impune’, y además se convocará a una reunión del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) y se proyectará una reforma integral del sistema penitenciario. Sin embargo, no se especificó la duración del estado de emergencia, dejando a la población en un estado de incertidumbre.
La recurrencia del uso de fuerzas militares para abordar problemas de seguridad no es nueva en Perú, ya que el año pasado se implementaron medidas similares en un intento por combatir la creciente criminalidad. Sin embargo, esta estrategia ha dejado dudas sobre su eficacia a largo plazo.
