En un nuevo capítulo de la cooperación entre Estados Unidos y El Salvador, el secretario de Estado, Marco Rubio, ha anunciado el envío de dos líderes peligrosos de la MS-13 y 21 de sus miembros más buscados de regreso a El Salvador, asegurando que enfrentarán la justicia en su país natal. Este movimiento también incluye la repatriación de más de 250 miembros del Tren de Aragua, en un acuerdo que supuestamente ofrece una solución económica para mantenerlos en las cárceles salvadoreñas.
La administración del expresidente Donald Trump está dispuesta a pagar 6 millones de dólares a El Salvador para encarcelar durante un año a unos 300 presuntos integrantes de esta pandilla venezolana. La decisión se enmarca dentro de un esfuerzo mucho más amplio, donde Bukele, el presidente salvadoreño, se ha posicionado como un fuerte aliado en la lucha contra la violencia de las pandillas.
Sin embargo, este acuerdo no está exento de controversias. Desde 2022, Bukele ha arrestado a más de 84 mil personas en su ofensiva contra las pandillas, a menudo sin seguir el debido proceso. Esto ha causado preocupaciones sobre los derechos humanos en el país, aunque el gobierno salvadoreño y sus apoyos en la Casa Blanca insisten en que estas medidas son necesarias para garantizar la seguridad pública.
Rubio ha elogiado a Bukele, destacando su papel como uno de los líderes de seguridad más efectivos en la región y un gran amigo para Estados Unidos. Esta relación, sin embargo, plantea preguntas sobre cómo se determinarán las identidades de los supuestos miembros del Tren de Aragua y el costo del enfoque en la seguridad sobre el respeto a los derechos fundamentales.
