El expresidente filipino Rodrigo Duterte ha hecho unas sorprendentes declaraciones al Tribunal Penal Internacional (TPI) en La Haya. Según él, su extradición a Países Bajos, donde enfrenta acusaciones de crímenes de lesa humanidad, fue en realidad un “secuestro”. Esta afirmación no es más que un nuevo intento del exmandatario por desviar la atención de su controvertida época al mando, caracterizada por su brutal “campaña contra las drogas” entre 2011 y 2019.
Duterte afirma que su detención es un “ajuste de cuentas” político, acusando que su traslado fue una “entrega extrajudicial”. Sin embargo, la contundente evidencia presentada por el TPI muestra que miembros del Escuadrón de la Muerte de Dávao y fuerzas de seguridad filipinas llevaron a cabo numerosos ataques como parte del esfuerzo por erradicar la criminalidad, lo que resultó en miles de muertes.
La defensa de Duterte también argumenta que su estado de salud puede complicar su participación en las audiencias. Un argumento que, en términos políticos, parece más bien un intento de buscar simpatía y evitar rendir cuentas por los horrendos actos cometidos durante su gobierno.
