A dos años y un mes de iniciado el juicio del caso SQM, el escándalo por financiamiento irregular de la política en Chile parece un laberinto sin salida. La lentitud del proceso, que ya supera las 450 audiencias, se convierte en blanco de críticas mientras se desglosan más de $1.000 millones en sueldos del Ministerio Público y viáticos absurdos.
Los acusados incluyen a figuras relevantes como el ex gerente general de SQM, Patricio Contesse, y los ex candidatos presidenciales Pablo Longueira (UDI) y Marco Enríquez-Ominami (PRO). Sin embargo, a medida que las audiencias avanzan, la frustración se agudiza, con cuestionamientos sobre la calidad de las pruebas y el tiempo que lleva el juicio. Un interviniente criticó que esta causa no cumple con los estándares de derecho internacional y otro abogado, Ciro Colombara, denunció una afectación a los Derechos Humanos de su cliente debido al extenso lapso del juicio, que ya lleva más de una década.
El caso ha implicado la participación de al menos dos fiscales dedicados exclusivamente, gastos en viáticos que superan los $55 millones y una acumulación de recursos que se aleja del sentido común. La situación se agrava cuando la fiscal Carmen Gloria Segura, quien tenía una influencia significativa en el caso, decidió renunciar, dejando un vacío y un desafío inminente para sus sucesores.
Las críticas apuntan directamente al Ministerio Público, considerado como responsable del derroche de recursos en un proceso que, según algunos, terminará sin grandes condenas. Abogados defensores acusan que la Fiscalía ha manipulado las pruebas y ha prolongado el caso de forma innecesaria, lo que pone en evidencia una falta de planificación y orden en la presentación de los argumentos.
Así, este juicio no solo es un tiro de orejas al Ministerio Público, sino que expone la fragilidad del sistema judicial chileno, donde los derechos de los acusados parecen estar en el fondo de la lista de prioridades.
