La diputada Catalina Pérez se enfrenta a una situación crítica, pues la Corte Suprema ha fijado para el próximo 7 de abril la audiencia de desafuero, luego de que el Tribunal Pleno de la Corte de Apelaciones de Antofagasta decidiera, por unanimidad, acoger la solicitud del Ministerio Público. Esta medida está enmarcada dentro de las indagaciones por el fraude al fisco asociado a Democracia Viva, donde se revelan datos preocupantes sobre la conducta de la diputada.
Según el fallo, Catalina Pérez no solo tenía vínculos con los suscriptores de los convenios investigados, sino que también poseía un poder político y laboral sobre ellos. Esta cercanía planteó serias dudas sobre la legalidad de su participación en la recolección de datos necesarios para la firma de convenios, al parecer, en conocimiento de que la fundación involucrada no cumplía con los requisitos exigidos por la ley.
En un contexto donde la probidad y la transparencia son cada vez más valoradas por la ciudadanía, el caso de la diputada Pérez pone de manifiesto la necesidad de un mayor control y regulación sobre las acciones de quienes ocupan cargos públicos. Cabe recordar que, en los últimos años, numerosos casos de corrupción han empañado la imagen del Congreso, lo que genera desconfianza entre los ciudadanos.
