En las últimas semanas, el país ha sido escenario de masivas manifestaciones que han sacudido las calles de varias provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las demandas son variadas, pero tienen un denominador común: el rechazo a las políticas implementadas por el gobierno de Javier Milei y Patricia Bullrich. Más allá de las causas que movilizan a los ciudadanos, lo que se hace evidente es la creciente fractura social que está marcando el mandato de quienes hoy ocupan la Casa Rosada.
El gobierno de Milei, caracterizado por su estilo confrontativo y su discurso anti-establishment, se enfrenta a una de las principales pruebas de su gestión: cómo manejar las protestas que, lejos de disminuir, van en aumento. El rumbo económico que ha adoptado —un ajuste fiscal drástico, el impulso de un modelo neoliberal puro y la promesa de una reforma que ataca las estructuras más tradicionales del Estado— ha generado malestar en sectores amplios de la sociedad.
Las manifestaciones, que inicialmente parecían ser un fenómeno aislado, hoy se han expandido a diversos puntos del país, tanto en las grandes ciudades como en pequeños pueblos, donde los efectos de las políticas de ajuste se sienten con mayor dureza. Los recortes en áreas como salud, educación y bienestar social están afectando especialmente a los sectores más vulnerables y la respuesta del gobierno, en lugar de ser una actitud de escucha, ha sido una mirada despectiva hacia quienes reclaman.
Por otro lado, Patricia Bullrich, quien lidera el Ministerio de Seguridad, ha tenido un papel clave en la gestión de la seguridad pública durante estos episodios. Sin embargo, su enfoque de mano dura y el uso del aparato represivo del Estado no son -como suele suceder- la respuesta más efectiva ante las demandas de la población. La represión, lejos de apaciguar los ánimos, solo ha agudizado el conflicto, contribuyendo a una creciente polarización social que amenaza con desbordar la institucionalidad del país.
El gobierno argentino ha elaborado y profundizado un factor común en contra de la misma sociedad, del pueblo argentino: el desprecio se ha instalado por sobre el diálogo sumado a esto la falta de empatía hacia las realidades que viven las personas. En lugar de buscar soluciones consensuadas, Milei y Bullrich han optado por la confrontación directa, lo que no hace más que agravar la crisis de confianza que atraviesa la gestión.
El problema es profundo. Las políticas económicas de ajuste, un ajuste que sólo vive la población sin privilegios, sumadas a una retórica de confrontación y descalificación hacia quienes disienten, jamás serán las vías para resolver los problemas estructurales que enfrenta Argentina. Las manifestaciones que hoy inundan las calles no son sólo una reacción a las medidas del gobierno, sino también una advertencia sobre el creciente descontento social que, si no es atendido, podría llevar al país a una mayor fragmentación.
Es necesario que el gobierno entienda que las protestas no son un fenómeno aislado ni un obstáculo a su gestión, sino un reflejo del malestar profundo de una sociedad que se siente cada vez más excluida de las decisiones que se toman en los círculos de poder. En lugar de criminalizar y reprimir a los manifestantes, se hace urgente que el gobierno entienda que es la ciudadanía quien lo instaló en La Casa Rosada y que, acuerdo a la historia del país trasandino, también, la misma ciudadanía puede sacarlos del palacio presidencial y buscar un líder de gobierno que escuche las demandas de los sectores más afectados y, sobre todo, reconozca que la estabilidad social no se construye sólo con reformas económicas, las que a todas luces no han sido tomadas en beneficio del mismo pueblo y que lo que han hecho ha sido empobrecer a los más pobres. Urge una verdadera cohesión social que, hoy por hoy, bajo el gobierno de Milei y Bullrich está muy lejos de alcanzarse.
Milei y Bullrich han tenido más de un año para rectificar el rumbo y construir un país más inclusivo, pero, no han destinado esfuerzos para abandonar la retórica del enfrentamiento y apostar por un gobierno de consensos. Las manifestaciones, en lugar de ser vistas como una amenaza, debieron ser consideradas como una oportunidad para abrir un verdadero canal de diálogo con la sociedad y analizar que el desempeño económico no es todo en una carrera política que se asuma con responsabilidad y criterio social y humano.
De acuerdo con los resultados de las manifestaciones que se llevaron a cabo durante la jornada de ayer miércoles 12 de marzo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y donde los principales actores fueron los jubilados acompañados de un país que sufría se le sumó el terror, la represión feroz impactando al país, la prensa nacional e internacional y al mundo.
Como decía Héctor Lavoe: “Todo tiene su final, nada dura para siempre…” y, al parecer, este será el lema de un país cansado, hastiado y sufrido que ya marcó el principio del fin de un gobierno cruento.
