La controversia en torno a la fallida compra de la casa de Salvador Allende está lejos de disiparse. El ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa, ha declarado que no existen nuevos elementos que modifiquen las responsabilidades políticas, a pesar de que Lucas Vera, un egresado de derecho, visó documentos sin ser abogado. La jefa de la División Jurídico-Legislativa, Francisca Moya, sostiene que el decreto no es un contrato y defiende la legalidad de su gestión.
Mientras tanto, las críticas de figuras como el exministro Jorge Burgos y la diputada Lorena Fries aumentan la presión sobre el Gobierno. Además, la situación se complica con un sumario pendiente y la denuncia del diputado RN, Jorge Durán, sobre supuestas trabas para citar a testigos cruciales.
Con una causa penal abierta por fraude al fisco y acciones legales contra Moya y la senadora Isabel Allende, el caso promete más drama en el escenario político chileno.
