El Gobierno de Argentina ha decidido denunciar a la jueza Karina Andrade ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acusándola de “posible incumplimiento de sus funciones”. Esta acción surge tras los incidentes violentos provocados por barrabravas frente al Congreso, donde, según el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, se cometieron actos criminales organizados que han puesto en jaque la seguridad pública.
Cúneo Libarona no dudó en calificar a estos individuos como criminales organizados, enfatizando que no solo se trató de una expresión de protesta, sino de verdaderos delincuentes en plena acción. La reacción del Gobierno plantea interrogantes sobre la actuación judicial ante situaciones de descontrol y violencia social.
La jueza Andrade, en su defensa, argumentó que las 114 detenciones realizadas durante la jornada vulneraban derechos fundamentales, como el derecho a la protesta y la libertad de expresión. Andrade argumentó que la falta de información precisa sobre las detenciones dificultó la tarea de la justicia y que los detenidos no estaban acusados de delitos graves como el porte de armas o causar lesiones. Además, defendió que la marcha estaba relacionada con la protección de los adultos mayores, un grupo vulnerable en la sociedad argentina.
Desde su asunción en 2021, la jueza ha tenido un perfil activo, lidiando con casos diversos, desde cirugías estéticas hasta violencia de género. Su reciente decisión de liberar a los detenidos ha desatado un intenso debate sobre el equilibrio entre la ley y el orden en situaciones de protesta social.
Con una trayectoria que incluye fallos emblemáticos y un enfoque en la protección de derechos, Andrade enfrenta ahora el desafío de justificar su decisión en medio de un ambiente político convulso y críticas provenientes del Gobierno argentino.
