Un reciente certificado del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago ha destapado una seria irregularidad en la indagatoria en curso contra la diputada Karol Cariola y la exalcaldesa de Santiago Irací Hassler, al revelar que el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, no pidió autorización para acceder a las conversaciones que no están directamente relacionadas con el caso Sierra Bella. Este desliz administrativo podría socavar la validez de las pruebas en un caso que ha captado la atención pública por sus implicaciones de tráfico de influencias.
La evidencia sugiere que el 2 de mayo de 2023, la entonces alcaldesa Hassler entregó su teléfono a la Policía de Investigaciones (PDI) bajo la condición de que solo se examinaran las interacciones telefónicas vinculadas a la controvertida compra de la Clínica Sierra Bella. En el acuerdo, firmado por Hassler y dos funcionarios de la policía, se dejaba claro que cualquier revisión debía ceñirse a ese contexto específico.
El dilema salió a la luz cuando el abogado de Hassler, Miguel Schürmann Opazo, presentó un reclamo al tribunal cuestionando la falta de autorización formal por parte del Ministerio Público para la extracción de datos del dispositivo. La respuesta del Juzgado, firmada por Felipe Miranda Tejo, jefe de la Unidad de Causas, confirmó que no había constancias de dicha solicitud.
Los expertos indican que, aunque el Ministerio Público puede iniciar una investigación a partir de un hallazgo, en este caso, el fiscal Cooper debió solicitar previamente la autorización para explorar las evidencias encontradas en el dispositivo entregado. Sin esta autorización, la fiscalía podría verse limitada a acceder solamente a información estrictamente relacionada con las patentes chinas, lo que abre la puerta a un posible acuerdo entre la defensa de Cariola y el Ministerio Público para delimitar el alcance de la investigación.
