La presidenta Claudia Sheinbaum enviará una carta a congresistas de EE.UU. y a Donald Trump para explicar que la suspensión de Vulcan Materials en Playa del Carmen no fue una expropiación, sino una medida por daños ambientales fuera de su área autorizada. Destacó que la zona se declaró área natural protegida en el gobierno de AMLO. Además, desmintió que el Tren Maya recibiera financiamiento chino, afirmando que fue financiado con recursos públicos mexicanos. Sheinbaum busca resolver el conflicto con la minera a través del diálogo para evitar litigios internacionales.
El conflicto entre México y la empresa estadounidense Vulcan Materials, propietaria de la filial Sac-Tun (anteriormente Calica), se centra en la explotación de piedra caliza en Playa del Carmen, Quintana Roo. Este enfrentamiento ha escalado en los últimos años, involucrando aspectos ambientales, legales y diplomáticos.
Antecedentes del conflicto
Vulcan Materials ha operado en la región durante décadas, extrayendo piedra caliza para exportación. Sin embargo, en febrero de 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a la empresa de extraer materiales sin los permisos adecuados y de causar daños ambientales significativos en la selva de Playa del Carmen. Propuso que la compañía cambiara su giro hacia el desarrollo de un complejo turístico.
Escalada de tensiones
En mayo de 2024, el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, expresó preocupación por los intentos del gobierno mexicano de apropiarse de los terrenos de Vulcan Materials, señalando que tales acciones podrían desalentar la inversión extranjera en México.
Paralelamente, Vulcan Materials presentó una demanda contra México ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, buscando una compensación de 1,900 millones de dólares por la clausura y ocupación de sus instalaciones desde mayo de 2022.
Declaratoria de área natural protegida
En septiembre de 2024, el presidente López Obrador emitió un decreto que declaró como área natural protegida más de 53,000 hectáreas en Quintana Roo, incluyendo los terrenos de la mina de Vulcan Materials. Esta medida prohíbe actividades extractivas en la zona, buscando preservar la flora, fauna y vestigios arqueológicos locales.
Respuesta de Vulcan Materials
La empresa ha manifestado su intención de defenderse legalmente, argumentando que sus operaciones eran legales y contaban con los permisos necesarios. Acusa al gobierno mexicano de violar compromisos establecidos en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y ha rechazado ofertas de compra de sus terrenos, optando por el arbitraje internacional.
Situación actual
A cinco meses de la declaratoria de área natural protegida, el conflicto continúa sin una resolución definitiva. La empresa mantiene su postura de defender sus inversiones y derechos, mientras que el gobierno mexicano sostiene la importancia de proteger el medio ambiente y el patrimonio cultural de la región.
Este caso ejemplifica las complejidades que surgen en la interacción entre inversiones extranjeras y la protección ambiental, y cómo estas pueden afectar las relaciones diplomáticas entre países.
