El gobierno ecuatoriano ha anunciado la adjudicación del Campo Sacha al consorcio SINOPETROL, cediendo el 87.5% de la producción a la empresa privada y reservando entre el 12.5% y el 18.5% para el Estado. Una decisión que ha generado críticas y cuestionamientos sobre los beneficios reales para el país.
Algunas voces señalan posibles vínculos entre las empresas involucradas y allegados al actual gobierno, lo que ha incrementado las suspicacias. Coincidentemente, se ha decretado un estado de excepción en varias provincias, lo que limita las protestas y expresiones de disconformidad ciudadana.
Expertos alertan sobre la pérdida de control estatal sobre recursos clave y las condiciones del contrato. Mientras tanto, el presidente ha manifestado que el contrato no se firmará si no se cumplen ciertas condiciones financieras, argumentando que buscan beneficios para el país.
