En un movimiento que desata debates sobre soberanía y justicia transnacional, México extraditó a 29 presuntos narcotraficantes a Estados Unidos, incluyendo a capos históricos como Rafael Caro Quintero y Vicente Carrillo Fuentes. El gobierno de López Obrador justificó el acto como “cumplimiento de acuerdos bilaterales”, pero las declaraciones de inocencia de los extraditados en cortes neoyorquinas añaden combustible al fuego.
Mientras la izquierda cuestiona si esto refuerza la dependencia jurídica hacia Washington, analistas señalan que el traslado expone grietas en el sistema mexicano: ¿Cooperación estratégica o entrega de soberanía? Con Sheinbaum buscando acuerdos comerciales urgentes, la sombra de un quid pro quo político se alarga sobre el caso.
